Urge ley como arma para derribar narcoavionetas – Lima.

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En la actualidad, las fuerzas del orden no pueden interceptar las naves que se pasean por el VRAEM.

A pesar de la advertencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a fines del 2014, respecto a la existencia de puentes aéreos para el transporte de droga en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), nuestro país aún no aprueba la ley que permitirá interceptar narcoavionetas.

Según el organismo internacional, Perú, Bolivia y Brasil no logran combatir este mal.

Como se recuerda, el empleo de la fuerza letal en la interceptación de aeronaves utilizadas por el narcotráfico tuvo un efecto positivo a mediados de los noventa; sin embargo, la medida fue dejada de lado tras la muerte de un civil en el año 2001.

PROBLEMA LEGAL. Uno de los principales problemas que enfrentan las fuerzas del orden para combatir el comercio ilícito de drogas es la falta de una ley que encuadre una interdicción efectiva, principalmente en el puente aéreo establecido entre Perú y Bolivia.

La norma vigente para la interceptación de aeronaves se encuentra contemplada en la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP- 91), aprobada el 17 de julio del 2014 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según la Resolución Directoral Nº 325-2014-MTC, las aeronaves interceptoras de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) no pueden emplear la fuerza para neutralizar aeronaves ni realizar disparos de advertencia ni efectuar maniobras que pongan en sobresalto a la tripulación de las avionetas con droga.

La difusión de esta norma se da a nivel nacional e internacional a través del documento de Información Aeronáutica del Perú (AIP). De esta manera, los narcotraficantes saben que no se puede emplear la fuerza contra ellos y aprovechan para amenazar e intentar agredir a las aeronaves interceptoras.

NUEVA LEY. El congresista fujimorista Carlos Tubino sustentó el año pasado en la Comisión de Defensa del Congreso un proyecto para interdictar avionetas. Mañana será expuesto por segunda vez a las tres de la tarde.

“Depende de los miembros de la Comisión que este proyecto se debata y se apruebe en el pleno”, manifiesta Tubino a Correo.

Según el legislador, trabajó desde diciembre a la fecha buscando consenso para su iniciativa legislativa.

“Tiene consenso, además es un tema muy importante de seguridad nacional (…), eso no puede dejarse de lado; es un tema serio, no cualquier cosa”, refiere.

Tubino agrega que este proyecto no solo habla de interceptar a las narcoavionetas, sino de salvar las irregularidades que involucran al suelo aéreo.

“No solamente ingresan y salen drogas, sino también armamentos”, afirma el parlamentario fujimorista.

Sobre los cuidados que se debe tener para derribar una avioneta sin que afecte a un inocente, sostiene que su proyecto contempla el respeto de los Derechos Humanos.

“Hay una serie de medidas que determinan la declaratoria de un vuelo como hostil, de esa manera pierde su categoría de vuelo civil (…), bajo esos parámetros se procede a varios pasos antes de hacer un derribo”, agrega Carlos Tubino.

CONTINÚAN. Este año, durante los meses de enero y febrero, según fuentes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), se habrían avistado más de 120 vuelos de avionetas empleadas para el narcotráfico. Es más, cada aeronave habría cargado al menos unos 500 kilos de cocaína.

La cifra puede ser mayor teniendo en cuenta que hay muchos vuelos que no han sido detectados por las Fuerzas del Orden.

Cabe recordar que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) emitió un informe según el cual Perú produjo el año 2014 unas 300 toneladas de cocaína y es considerado el país con mayor área de cultivo de hoja de coca del mundo, superando a Colombia.

Además, según la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el narcotráfico representa “una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos”.

Asimismo, los vínculos que existen entre el narcotráfico con organizaciones terroristas, lavado de activos y corrupción de funcionarios “socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados”.

El tráfico ilícito de drogas es aún más grave si tenemos en cuenta que actualmente es la principal fuente de financiamiento de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Según un informe de IDL reporteros, la mencionada organización subversiva percibía entre 50 y 100 mil dólares mensuales provenientes del narcotráfico.

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